Comunidades indígenas denuncian acciones de autoridades en favor de proyecto minero de Hernán Büchi


Comité de Ministros para la Sustentabilidad amplió el plazo para que la empresa pueda volver a hacer una consulta indígena. Sin embargo, las propias comunidades atacameñas denuncian que esto sería una estrategia para viabilizar el proyecto, pues ellos ya manifestaron su negativa a la iniciativa cuprífera.

 

“Somos de la Región de Antofagasta, de la comuna de San Pedro de Atacama y una minera se quiere instalar sobre nuestro pueblo amenazando la vida y el agua”, gritaba el dirigente de la Comunidad Atacameña de Peine que protestaba este lunes en Santiago. Su objetivo era presionar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad -máxima instancia de evaluación de los proyectos ambientales presidido por el ministro del Medio Ambiente e integrado por los de otras 9 carteras- para que rechazara la propuesta de Minera Delfín.


El Proyecto Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado ya había obtenido una resolución en contra el 6 de febrero de 2016 por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.


Ante el rechazo regional, la Minera Delfín apeló la decisión al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que sesionó el lunes 27 de marzo. En la ocasión, estableció que la evaluación ambiental se retrotraía al día 115 del proceso ambiental. “Es decir, vamos a estar nuevamente haciendo la Consulta Indígena”, sostiene Sergio Cubillos, presidente de la Comunidad Atacameña de Peine. Sin embargo, están a la espera del acta oficial del Consejo de Ministros.


La consulta indígena para este proyecto fue realizada en octubre del año 2015 y en esa instancia el proyecto fue categóricamente rechazado por 18 comunidades del pueblo licanantay que se congregan en el Consejo de Pueblos Atacameños. Pero este lunes, el Consejo de Ministros estableció que la minera podría volver a escuchar a las comunidades y arreglar las observaciones que hizo la comunidad, lo que para Cubillos es una estrategia para viabilizar el proyecto: “El Comité quiere encaminar este proceso a una aprobación, porque ¿cuál sería el objetivo de que nos vuelvan a preguntar si nosotros ya dijimos que no queríamos el proyecto?”, se cuestiona el dirigente. Junto con ello, denuncia: “Nos están obligando a conversar con la empresa”.


Cubillos sospecha que existe una presión política ya que, como parte de los inversionistas de Minera Delfín está el economista de derecha y ex candidato presidencial, Hernán Büchi; el empresario minero Claudio Segura, quien compró el terreno donde casi 20 años después se pretendería instalar la minera Delfín, y Víctor Petermann, empresario del grupo Themcorp. Este último tiene a su mando un complejo turístico en la reserva ecológica Huilo-Huilo y -pese a las denuncias de julio de 2015 de maltrato con las comunidades mapuche Inalafquén y Callicul, y de arrendar su terreno a Endesa-Enel para el fallido proyecto hidroeléctrico Central Neltume en el lago del mismo nombre- fue premiado por National Geographic con el reconocimiento World Legacy Award en la categoría “Conservación del mundo natural”.


Tal como informó El Puelche el 3 de julio del año 2015, Petermann también estaría vinculado a los intereses mineros que están presionando para explotar la Quebrada de la Plata, un terreno de la Universidad de Chile en la comuna de Maipú, en Santiago, y que está en vías de declararse como Santuario de la Naturaleza.


El kilómetro 4.000


La reciente decisión del Comité de Ministros para la Sustentabilidad es, a juicio del dirigente, una estrategia para ganar tiempo para que la minera pueda arreglar las observaciones que hizo la comunidad. Cubillos menciona que este proyecto significa “un impacto a la vida y a la salud de las personas”, pues las piscinas de ácido estarían a unos siete kilómetros de las comunidades, “lo que es totalmente dañino a la salud por la emisión de gases”. Junto con ello, advierte, “también reviste un peligro el eventual desborde de las piscinas en épocas de lluvias”.


Por otro lado, está todo lo que es el patrimonio arqueológico que hay en el lugar. En ese sentido, lo más importante es que para poder llegar a la mina “hay que atravesar el Camino del Inca a la altura del kilómetro cuatro mil”, ruta que aún se ocupa para diversas actividades que realizan las comunidades indígenas como el pastoreo, y que el dirigente denuncia que “la empresa ofreció medidas de mitigación súper básicas como poner cercos o desviar el camino, y esa no es la intensión”. El Camino del Inca también tiene un invaluable interés histórico, turístico y arqueológico.


“Nosotros no queremos ser un Chuquicamata”, espeta Cubillos en referencia a que en un primer momento solo era un campamento minero, luego de años creció transformándose prácticamente en ciudad, hasta que el pueblo fue relocalizado, pues Codelco proyectó una ampliación gigante. Por eso, las comunidades atacameñas defienden el territorio ya que saben que “en algún momento nos podrían llegar a decir que nos vayamos a otro lugar”. Tampoco quieren parecer como Calama, dice.


“Sin la manifestación que realizamos mientras el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad tomaba la decisión, pienso que hubiesen aprobado el proyecto”, sostiene el dirigente, quien recuerda que el sábado 25 de marzo la Comunidad Atacameña de Peine realizó una protesta que congregó a más de 150 personas en el lugar donde pretende instalarse el proyecto minero que cuenta con unas 20 millones de toneladas de cobre, con una ley estimada de 1,5%, lo que podría significar producir unas 15 mil toneladas de cobre fino por año

 

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