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“Es una operación política completa”


La fiscal que estuvo a cargo de las áreas de las escuchas asegura que la grabación de CFK y el ex titular de la AFI es un caso de “espionaje político” porque se usaron mal los recursos del Estado y que el caso evidencia el regreso de la vieja SIDE.

 

“Pérez Corradi es detenido en junio. ¿Por qué a Parrilli se lo escucha hasta septiembre?”, se pregunta Caamaño.

(Imagen: Joaquín Salguero)

Cristina Caamaño fue, hasta el 24 de diciembre de 2015, responsable de las escuchas telefónicas que ordenaban jueces y fiscales. Hoy es fiscal nacional en lo criminal, pero su conocimiento sobre el tema le da autoridad para concluir que la intervención de la línea telefónica del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli es “éticamente tremendo” ya que “se utilizaron recursos públicos que deben destinarse a la persecución de narcotraficantes y secuestradores para perseguir políticos”. La ex titular del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones comparó la situación con las escuchas ilegales a Sergio Burstein, de una agrupación de familiares de víctimas de la AMIA, en el que estuvo involucrado el presidente Mauricio Macri y concluyó: “Estamos ante un caso de espionaje político”.


–La escucha entre Parrilli y la ex presidenta surge de varios meses de intervención telefónica de manera on line. ¿Es legal?


–El problema es lo que revela: recursos que se están utilizando para perseguir a dos ciudadanos, porque en ese momento Cristina Fernández y Oscar Parrilli ya no eran funcionarios, en lugar de volcarse a perseguir a la delincuencia que pone en riesgo vidas. La escucha directa se usa exclusivamente para los casos de secuestro extorsivo o narcotráfico, después de meses de grabaciones, cuando ya sabés que va a llegar un cargamento de droga, para saber por dónde va a venir y ver si lo puede interceptar. Son para las 48 horas previas a una decisión judicial definitiva. En este caso queda claro que se utilizaron mal los recursos del Estado, porque no había ninguna urgencia. Es un caso de espionaje político.


–¿Cuál es el peligro de que esa escucha se haga de esa manera?


–Quedamos todos expuestos a este tipo de maniobras ilegales. El peligro es esta connivencia del Poder Judicial con los servicios de inteligencia, que fue lo que el gobierno anterior quiso desarmar. Estamos nuevamente ante lo que era la vieja SIDE. No importa si está (el ex agente de inteligencia Antonio) Stiuso o no. Lo que importa es que la relación entre la inteligencia, el poder político de turno y la Justicia vuelve a gozar de buena salud. Por eso seguramente el Presidente se apuró tanto en quitarle al Ministerio Público Fiscal las escuchas. Lo hizo a través de un decreto que firmó el 24 de diciembre de 2015, a 15 días de asumir.


–Las escuchas fueron a la Corte Suprema, que dice que no tiene ninguna relación con lo ocurrido.


–La Corte es la que tienen la responsabilidad superior, pero el mismo día en que aceptó el traspaso hizo un convenio para darle la operatividad de las escuchas al juez Martín Irurzun, de la Cámara Federal porteña, y al juez Javier Leal de Ibarra, de la Cámara de Comodoro Rivadavia. Los jueces pusieron a un director a cargo de las escuchas: Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez federal Ariel Lijo, juez que, oh casualidad, pidió las escuchas a Parrilli y a Cristina Kirchner, se supone que por presuntos vínculos con el caso (Ibar) Pérez Corradi. Pero a Pérez Corradi lo detienen en junio. ¿Por qué a Parrilli se lo escucha hasta septiembre? Es una excusa, la intención era escuchar a Cristina Kirchner. Es la misma lógica que utilizó Macri en la escucha a Sergio Burstein (familiar de víctima del atentado a la AMIA) y a su propio cuñado: buscar una excusa para poder desarrollar una escucha ilegal. Además, pide las escuchas por cuatro meses.


–¿Y cuál sería el problema de escucharlo por este tiempo?


–Esa práctica la habíamos cambiado en el Ministerio Público Fiscal. Hacíamos escuchas de como máximo un mes y cuando se estaba por completar el tiempo consultábamos al juez que la había solicitado si necesitaba continuarla, entonces se la renovaba por un mes más. Cuando llegué a la Dicom encontré escuchas que se extendían por 15 años, por ocho años. Había jueces que ni sabían que tenían una línea intervenida, había jueces que habían muerto y la orden de la escucha continuaba. La escucha es algo muy delicado. Yo no iba a permitir que a una persona se le violara la intimidad tanto tiempo. A Parrilli se lo sigue escuchando durante tanto tiempo sobre Pérez Corradi ¿Encontraron algo o en realidad estaban a la pesca de otra cosa?


–¿Se desprende algún delito en el audio? ¿Y el armado de denuncias sobre el que hablan?


–Para mí, no hay delito. Ni siquiera el de abuso de autoridad, porque para que exista ese delito la persona que lo comete debe ser funcionaria  y ni Parrilli ni la ex presidenta ocupaban cargos cuando mantuvieron ese diálogo. Sobre las causas, si se escucha atentamente, es una manera que usan para hablar de las denuncias que efectivamente presentaron contra Stiuso.


–¿Está cometiendo algún delito el funcionario que filtra el audio?


–Es una operación política completa. Mientras hablábamos de que Cristina le dijo pelotudo a Parrilli,  Gustavo Arribas no daba explicaciones sobre la sospecha que carga por coimas, sigue la inflación y el cierre de fábricas. Estamos en un país al que no le está yendo bien y en lugar de hablar de eso utilizan recursos del Estado para perseguir políticos y generar hechos que permitan desviar la atención. Eticamente es tremendo, más allá de lo ilegal del hecho.

 

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