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México y sus 43 desaparecidos

El jueves pasado, cuando todavía no era pública la restitución de identidad del nieto 116, hijo de Hugo Castro y Ana Rubel, nacido en la ESMA, Estela Barness de Carlotto recibía, conmovida, al padre de uno de los 43 estudiantes secuestrados en Iguala. El hombre contaba lo que era para él, un campesino con apenas segundo grado de primaria, que su hijo pudiera haber llegado a estudiar en la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde fue secuestrado el pasado 26 de septiembre. Hugo y Ana fueron secuestrados en 1977 y también eran estudiantes. Al rato, mientras en cada actividad de la Feria Internacional del Libro se pedía la aparición con vida de los 43, la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo daba la noticia del 116. No se trata de un juego de números, sino de la hermandad en la tragedia, de las formas más dignas de resistencia, del grito más íntimo de quien sufre como padre o abuela la política criminal de Estado de negar el derecho básico a saber dónde está una persona.

No es un juego de números, pero los números indican que la democracia formal y republicana puede hacer que la muerte sea un lugar común. El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) llevó, según la mayoría de los defensores de los derechos humanos, a que unos 80.000 mexicanos cayeran bajo las balas de carteles de la droga o de la represión de las fuerzas de seguridad. En los dos años que cumplió días pasados al frente del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, los muertos en esas circunstancias serían 20.000. Y hay muchos mitos alrededor de esto. Uno es que la violencia no está circunscripta a Ciudad Juárez y otras zonas fronterizas con los Estados Unidos. El Estado de Guerrero, que está en el centro del país y donde fueron secuestrados los 43, tiene una fiscalía especial para radicar denuncias sobre desaparecidos. Porque allí, una región donde en los setenta hubo una guerrilla indomable, quedó la costumbre de hacer desaparecer los rastros de las víctimas. Lucio Cabañas, líder de aquellas luchas, había estudiado en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Dos de los chicos secuestrados, según se supo días pasados, son familiares directos de Cabañas. El jueves pasado, Peña Nieto viajó a Acapulco, lugar emblemático del turismo rico, cerca de Iguala, el lugar donde se produjo el asesinato de seis estudiantes y el secuestro de 43. El presidente, antes, ordenó un impresionante dispositivo militar y policial en Guerrero, Michoacán, Morelos y Edomex, cuatro estados cercanos a la capital mexicana. El operativo se llama Tierra Caliente y está destinado a garantizar la circulación de las carreteras y la seguridad de los destinos turísticos. Es la clásica respuesta de militarizar la sociedad sembrando un sentimiento confuso de control, que no se sabe si puede afectar a los carteles mafiosos o a los que piden por la aparición con vida de los desaparecidos. En los fundamentos del operativo Tierra Caliente no hay mención alguna al tema de fondo: ¿dónde están los 43 estudiantes normalistas?


Desaparecer de los medios. La clase política mexicana vive un terremoto. Lo único cierto es que, esta vez, la sociedad reaccionó ante la barbarie. Desde el 26 de septiembre se producen cientos de actos y manifestaciones en todo el país, extensivos a la gran comunidad azteca en los Estados Unidos. Dado que tanto el alcalde de Iguala como el gobernador de Guerrero, responsables directos de la desaparición de los estudiantes, forman parte del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el correr de las semanas se produjo la renuncia del máximo líder de esa fuerza, Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, la evidente pertenencia del alcalde Iguala, José Luis Abarca, actualmente detenido, con el narcotráfico y el secuestro de los normalistas, dejó al PRD sin argumentos para presentarse como una fuerza moralmente capaz de ser alternativa.

En cuanto al gobierno federal, es preciso reparar en que a dos semanas del secuestro de los estudiantes, el procurador general Jesús Morillo Karam fue la cara visible de un gran operativo mediático que daba por cerrado el caso. Un montaje burdo de tres arrepentidos mostrados ante las cámaras daba la versión oficial: los policías y los guerreros unidos (cara legal e ilegal del aparato montado en Iguala como en muchos otros distritos) habrían matado, calcinado y enterrado a los normalistas. La urgencia de Karam era que Peña Nieto no quería cancelar su viaje a China y Australia. La desmentida llegó días después de la mano del Equipo de Antropología Forense. Es decir, del grupo de argentinos expertos convocados como peritos de parte por los familiares de los estudiantes. De todos los restos óseos analizados, ninguno coincidía con el ADN de los estudiantes. Pero el despliegue mediático había sido montado cuando Karam dio su versión. Las protestas crecen pero el gobierno y su blindaje mediático, basado en el monopolio de Televisa del clan Azcárraga, apuntan a que con el correr de las semanas se desvanezcan sin que nada salga a luz. La información con otras fuentes circula por pocos medios de impacto masivo y son básicamente el diario La Jornada y CNN, cuya corresponsal jefe es Carmen Aristegui, una periodista de mucho prestigio, con presencia también en radio y en prensa gráfica. La pelea de la CNN con Televisa es histórica y posiciona a esa cadena norteamericana como una voz confiable contra la corrupción política. Un equilibrio só