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La "Caja de Pandora" de los fondos buitres

Cuando el General Perón tomó el poder en 1946, lo hizo con una política de desendeudamiento que se tradujo en nula deuda externa, situación que cambió marcadamente con el Golpe de Estado que lo derrocaría y que serviría de preámbulo de uno de los capítulos más tristes de la historia del país: el del continuo endeudamiento externo y aumento de la dependencia económica.

De esta forma, para cuando Néstor asumió la presidencia la deuda pública (164% del PIB) limitaba considerablemente el alcance de las políticas públicas. Antes esta situación y con su ya famosa frase de “los muertos no pagan”, Néstor comandó una de las renegociaciones de deuda más exitosas de la historia para un país soberano, logrando un quita importante, todo sin apoyo del FMI, basado exclusivamente en la credibilidad de la consistencia macroeconómica y del crecimiento sustentable. Fue un proceso complejo porque, entre otras cosas, no hay un mecanismo legal internacionalmente aceptado para renegociaciones de deudas soberanas y porque existía gran dispersión de acreedores: se involucró 152 tipos de bonos en 8 jurisdicciones y divisas.


Los canjes de 2005 y 2010 fueron acogidos por el 92% de los acreedores. Del 8% restante, una pequeña porción corresponden a fondos buitres, que son grupos que compraron deuda soberana argentina en default adquirida en el mercado secundario a valor de centavos y que ahora buscan ganancias extraordinarias a través de litigación judicial: actualmente reclaman 1.300 millones de dólares en un solo pago. ¿Pero en qué basan sus reclamos? ¿Cuál es el principio legal de su argumentación?


Básicamente, los fondos buitres acusan que dado que no se tomó en cuenta su objeción a la renegociación, el gobierno argentino violó el principio de pari passu, una frase en latín que se traduce a veces como “en igualdad de condiciones” y por extensión, “en forma equitativa”. En situaciones concursales de quiebra de empresas se utiliza esta expresión para expresar que los acreedores son "pari passu“, lo que significa que son todos iguales y que la distribución del capital se realizará sin hacer preferencias entre ellos. En el ámbito de las finanzas, este término hace referencia al compromiso que adquiere el emisor de un empréstito, de no otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables sin hacer beneficiarios de las mismas a los adquirentes del referido empréstito.


Para materializar rendimientos exorbitantes, los fondos buitres buscan continuamente cortes con legislaciones (o jueces) favorables a sus intereses, además de que lanzan operaciones de desprestigio y gastan enormes fortunas en financiamiento de campañas políticas de candidatos cuyos partidos defienden  sus reclamos. Podemos ver el eco local de esta visión en las desafortunadas declaraciones de Carlos Melconian, economista clave del PRO: “Me opongo a que a estos fondos se los llame buitres. Son tipos que de buena voluntad que compraron títulos para ahorrar …" (Ámbito Financiero, 26/08/2013).


Esta línea de judicialización choca abiertamente con la propia ley de bancarrota para empresas privadas de Estados Unidos, que especifica claramente que es suficiente con que la mayoría de los acreedores acepten una propuesta de reestructuración para que ésta tenga pleno reconocimiento legal. Pero los fondos buitres se aprovechan de una laguna: los bonos argentinos carecen de cláusula de acción colectiva, que facilitarían que en caso de situaciones extremas se pudiera aplicar una quita sin que sea necesario el acuerdo unánime de los tenedores de bonos.


El fallo del Juez Griesa que concedió la razón a los fondos buitres recibió el rechazo de distintos actores de la comunidad financiera internacional: bancos intermediarios, cámaras de compensación y el Tesoro de Estados Unidos. Incluso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró un documento que advierte que un fallo final en contra de la Argentina implicaría un riesgo sistémico para el sistema financiero internacional, dado que de ratificarse la decisión se estaría asentado jurisprudencia sumamente peligrosa para todas las negociaciones de deuda que se han realizado hasta el momento. Al menos potencialmente, todos los acreedores que se sometieron a quitas ahora podrían demandar a los países soberanos bajo los mismos argumentos, desatando un caos de proporciones inimaginables.


Varios países clave en el contexto financiero mundial y regional se han presentado en defensa de la Argentina ante la Suprema Corte de Justicia de Estados. Así, la Corte Suprema de Francia (Cour de Cassation) dictaminó que la Argentina tiene derecho a reestructurar su deuda, y avaló los llamados a canje de 2005 y 2010, sobre todo tomando en cuenta la muy alta probabilidad de que algunos países de la periferia europea (como Grecia) tengan que recurrir a la alternativa de la reestructuración.


México se sumó a Brasil y, dejando a un lado su tradicional política exterior de cero intervención en asuntos extranjeros, argumentó ante la corte de Manhattan que la intención de los tenedores de bonos que se niegan a aceptar las condiciones de la deuda reestructura para la Argentina ponen en riesgo la economía de una nación soberana. “El fallo en contra de Argentina altera doctrinas aceptadas de inmunidad soberana y corre el riesgo de desestabilizar el sistema monetario internacional al crear incentivos que ponen en peligro las restructuraciones soberanas a futuro”, afirmó.


Es evidente entonces que las empresas de servicios financieros ponen sus intereses por sobre todas las cosas, esto llevado al extremo es el caso de los fondos buitres, cuyo accionar pone en riesgo a todo el mercado global de deuda soberana. Sin lugar a dudas, los países deben buscar evitar cláusulas pari passu e incluir cláusulas de acción colectiva.


Hoy la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. rechazó analizar el caso argentino y por lo tanto la posibilidad de que la máxima instancia judicial de ese país revise el fallo del Juez Griesa se encuentra prácticamente cerrada. Esperemos que esta instancia sirva como disparador para que la comunidad financiera internacional aborde una solución definitiva a este tema, la que consiste en trabajar en un sistema justo y eficiente de reestructuración de deuda soberana.


 

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