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El nefasto Poder Judicial

Los abogados Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura y Ariel Cejas Meliare de la Procuración penitenciaria realizarán un informe sobre el estado de los presidiarios locales. La espantosa muerte de Nelson Molas, Franco Nieva, Nelson Fernández y Franco Sosa, (cuatro adolescentes de 16 y 17 años que fueron asesinados quemados en la llamada "Alcaidía de Menores", un lugar donde nunca deberían haber estado)

repuntó el problema de las condiciones de inseguridad y la violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran en los lugares de detención.

 

Familiares de los detenidos reclaman contra las muertes y torturas en los sitios de encierro

Lo que nos impulsó a venir a Catamarca fue la necesidad de que la tragedia de la Alcaidía, que de acuerdo con lo que pudimos analizar se parecía a la crónica de una muerte anunciada, no quede impune", destaca férreamente el director del Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Roberto Cipriano García. Acompañado por el responsable del director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, los letrados arribaron a la provincia el miércoles pasado, para, entre otras actividades, brindar una Jornada sobre la "Problemática Penal Juvenil y la privación de libertad de los Jóvenes", en el hotel de Turismo, hoy desde las 10 de la mañana, que también contará con la disertación de integrantes de la Asociación Pensamiento Penal.

Pero otra de las principales motivaciones de la visita fue interiorizarse sobre las condiciones en las que viven los internos del servicio penitenciario de la provincia, entrevistarse con los familiares de las víctimas de la Tragedia de la Alcaidía, e incluso reunirse con los fiscales que instruyen en la causa. Con lo recabado, realizarán un informe que será remitido a los poderes públicos de la provincia.

A través de inspecciones a cárceles, comisarías y alcaidías, y de entrevistas confidenciales con los internos y los familiares, desde ambas instituciones se revela información valiosa tendiente a verificar las irregularidades que se presentan en los lugares de encierro.

Lamentablemente, lo que sucedió el último 9 de septiembre en el centro de detención de la Alcaidía "es un problema extendido y es el valor que se les da a las personas en el sistema penal", dijo García.

Ayer por la mañana, el equipo se trasladó hasta el servicio penitenciario de la provincia y por algunas horas se entrevistó con 50 internos que se encuentran alojados en distintos pabellones. El resultado fue el reconocimiento de que existe "un serio problema en el funcionamiento del Poder Judicial", señalaron. "Los detenidos indican falta de comunicación con los defensores, o que no son visitados por sus abogados o los jueces, problemas con la instrucción de las causas. Serios problemas que serían muy importante analizar y revisar."

Además de la dificultad para acceder a la Justicia, también se vislumbraron algunos problemas vinculados con la imposibilidad de acceder al trabajo y a la educación. Según lo que detallaron García y Cejas, el porcentaje de los internos que estudian es muy bajo, casi del 20 %, cuando la "educación es central para atravesar el proceso de encierro". Mientras que en el caso del trabajo, "no todos tienen uno, y los peculios que se adquieren son de 35 pesos".

Cejas recordó que la provincia adhiere a la 24660 -Ejecución de la pena privativa de la libertad- en la que se destaca que el interno debe acceder al salario mínimo vital y móvil. "Treinte y cinco pesos no sirven para hacer nada".

"No hay instancia de formación ni de capacitación, se supone que deberían instrumentarlos en ese periodo con alguna posibilidad de insertarse en algo, pero no contribuyen en la escala del problema de la inseguridad con las formas de encierro en ninguna cárcel del país y en Catamarca menos", señaló García.

Las condiciones de inseguridad y la falta de personal, completan las anomalías. Durante este año hubo 15 focos ígneos, y los colchones siguen siendo los mismos, y en cuanto a la escasez de personal "si hay un problema en un pabellón, los guardias tardan en llegar, los llaman por un problema de salud y no llegan nunca. Son situaciones que se van concatenando y terminan en catástrofes".


Denuncias de familias

"Lo que sí hemos recibido por parte de la familiares es un relato del hostigamiento que han recibido por parte de la policía en la calle; les pegan a los pibes, los maltratan, los persiguen y uno lo que termina completando en ese panorama es que hay una violencia institucional muy grande, tanto en la calle como en el lugar en que los llevan. Son situaciones que no van a contribuir a mejorar la situación de la seguridad", destacó García.

"El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura - sistema para la prevención de la tortura y la creación de un comité que realice visitas periódicas a los lugares de detención- tiene media sanción en la Cámara de Diputados; si un organismo lo implementara a nivel nacional, no digo que dejarían de pasar estas cosas, pero se podrían prevenir, aseguró el director de la Protección de Derechos Humanos.

Finalmente, señalaron que no hay que dejar a la provincia sola o a quienes están tratando de hacer visible el tema de la tortura dentro de la cárcel.

Fuente: El Esquiú.com

 

 

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